Dos números atrás, Prensa Obrera publicó un artículo sobre la despenalización de las drogas que tiene un gran mérito: denuncia la hipocresía de quienes presentan el problema en términos de “libertades individuales”. Pero fuera de esto, el texto es un cúmulo de prejuicios e inexactitudes que buscan justificar un planteo reaccionario: la oposición a la legalización de las drogas.
Se argumenta que tenemos que oponernos a la legalización porque se trata de “una corriente internacional de orden más general -impulsada por magnates como George Soros y por The Economist-, en favor de legalizar el comercio de drogas”. Eso es verdad, pero lo que no dice el artículo es que el principal impulsor de “despenalización sí, legalización no” es la ONU,[1] ”esa cueva de bandidos” -palabras de Lenin, citadas por el propio Diego Mendoza en PO Nº 1.196- que transmite la posición oficial del imperalismo.
El artículo menciona la relación entre el consumo de drogas y la descomposición del régimen social, pero no la desarrolla y termina en pura moralina. Las drogas no son un problema por sí mismas; por el contrario, han jugado un rol cohesivo en distintas sociedades. Se convierten en un problema ante la decadencia de un modo de producción; eso pasó con el alcohol en el colapso del Imperio Romano y durante la Peste Negra.[2] Las drogas son un problema hoy porque la burguesía impulsa su uso como una “ayuda” para que el trabajador sobrelleve una superexplotación insostenible o para que el trabajador busque en ellas el placer que la sociedad capitalista le niega. Desde ya, ambas vías llevan a la frustración; en el primer caso, debido a los límites propios de todo organismo; en el segundo, porque la mayoría de las drogas que producen una experiencia importante de placer terminan produciendo habituación y dependencia, lo que genera displacer.
Este uso de las drogas va a tener lugar mientras persista la miseria de este sistema descompuesto e, incluso, durante los primeros tiempos de desarrollo de una nueva sociedad. Obviamente, puede haber atenuantes -y el combate contra las adicciones es una tarea política de primer orden para la clase obrera y el socialismo-, pero el uso social alienante de las drogas va a persistir durante todo un período histórico de transición. En ese contexto -que es la realidad que vivimos cotidianamente los militantes socialistas y las masas explotadas-, la legalización de las drogas más consumidas, con el monopolio estatal de la producción y distribución -más la libertad de cultivo, en el caso de la marihuana- jugaría un rol progresivo: por un lado, sería un golpe mortal a las mafias del narcotráfico. La objeción presentada por el compañero Mendoza, de que el alcohol, el tabaco y otras mercancías se siguen contrabandeando a pesar de su legalidad, además de calcada del vocero de las Naciones Unidas (ver http://bit.ly/ArSGW5), resulta pueril: el tabaco y el alcohol se contrabandean para evadir impuestos y para lograr así una ventaja económica. La producción estatal a larga escala, y la venta al costo, sin impuestos, eliminarían la base económica del narcotráfico.
Por otra parte, hay un problema de clase muy fuerte; la nocividad de la droga es inversamente proporcional al poder adquisitivo del consumidor: en Puerto Madero se consume “alita de mosca” -cocaína de alta pureza-, la clase media consume cocaína cortada con la sustancia que se le haya ocurrido al dealer -anfetas, pastillas, tiza…-, y en las villas está el paco, al que en Chile llaman “la cocaína de los pobres”. La legalización y el monopolio de la producción y distribución por parte del Estado terminarían con esta situación, lo que sería un gran atenuante en términos sanitarios.
Finalmente, hay un severo problema que el artículo no aborda -tampoco lo ha abordado ninguna de las corrientes de izquierda que ha tocado el tema-: ¿qué pasa con las drogas que ya son legales? Por ejemplo, la grandísima mayoría del consumo de benzodiazepinas desobedece el “uso prescripto”; se realiza por fuera de una psicoterapia, a mediano y largo plazo. En términos de alienación política y social, daño orgánico y psicológico, no hay diferencia cualitativa con las drogas ilegales -incluso, se suelen combinar con alcohol con fines “recreacionales”.
Oponerse a la legalización de las drogas de consumo mayoritario es un declaracionismo moralista propio de curas, no de socialistas. Defender la legalización, con el monopolio estatal de la producción y distribución, es una reivindicación odiosa, pero imprescindible, en el camino de las masas a la felicidad, a la que Aristóteles definía como el despliegue de todas las potencialidades del ser, y que sólo podrá tener lugar en una sociedad sin clases.
[1] Ver, por ejemplo, “La diferencia conceptual entre la despenalización y la legalización“, documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
[2] Ver Hanson, History of Alcohol and Drinking around the World
Se argumenta que tenemos que oponernos a la legalización porque se trata de “una corriente internacional de orden más general -impulsada por magnates como George Soros y por The Economist-, en favor de legalizar el comercio de drogas”. Eso es verdad, pero lo que no dice el artículo es que el principal impulsor de “despenalización sí, legalización no” es la ONU,[1] ”esa cueva de bandidos” -palabras de Lenin, citadas por el propio Diego Mendoza en PO Nº 1.196- que transmite la posición oficial del imperalismo.
El artículo menciona la relación entre el consumo de drogas y la descomposición del régimen social, pero no la desarrolla y termina en pura moralina. Las drogas no son un problema por sí mismas; por el contrario, han jugado un rol cohesivo en distintas sociedades. Se convierten en un problema ante la decadencia de un modo de producción; eso pasó con el alcohol en el colapso del Imperio Romano y durante la Peste Negra.[2] Las drogas son un problema hoy porque la burguesía impulsa su uso como una “ayuda” para que el trabajador sobrelleve una superexplotación insostenible o para que el trabajador busque en ellas el placer que la sociedad capitalista le niega. Desde ya, ambas vías llevan a la frustración; en el primer caso, debido a los límites propios de todo organismo; en el segundo, porque la mayoría de las drogas que producen una experiencia importante de placer terminan produciendo habituación y dependencia, lo que genera displacer.
Este uso de las drogas va a tener lugar mientras persista la miseria de este sistema descompuesto e, incluso, durante los primeros tiempos de desarrollo de una nueva sociedad. Obviamente, puede haber atenuantes -y el combate contra las adicciones es una tarea política de primer orden para la clase obrera y el socialismo-, pero el uso social alienante de las drogas va a persistir durante todo un período histórico de transición. En ese contexto -que es la realidad que vivimos cotidianamente los militantes socialistas y las masas explotadas-, la legalización de las drogas más consumidas, con el monopolio estatal de la producción y distribución -más la libertad de cultivo, en el caso de la marihuana- jugaría un rol progresivo: por un lado, sería un golpe mortal a las mafias del narcotráfico. La objeción presentada por el compañero Mendoza, de que el alcohol, el tabaco y otras mercancías se siguen contrabandeando a pesar de su legalidad, además de calcada del vocero de las Naciones Unidas (ver http://bit.ly/ArSGW5), resulta pueril: el tabaco y el alcohol se contrabandean para evadir impuestos y para lograr así una ventaja económica. La producción estatal a larga escala, y la venta al costo, sin impuestos, eliminarían la base económica del narcotráfico.
Por otra parte, hay un problema de clase muy fuerte; la nocividad de la droga es inversamente proporcional al poder adquisitivo del consumidor: en Puerto Madero se consume “alita de mosca” -cocaína de alta pureza-, la clase media consume cocaína cortada con la sustancia que se le haya ocurrido al dealer -anfetas, pastillas, tiza…-, y en las villas está el paco, al que en Chile llaman “la cocaína de los pobres”. La legalización y el monopolio de la producción y distribución por parte del Estado terminarían con esta situación, lo que sería un gran atenuante en términos sanitarios.
Finalmente, hay un severo problema que el artículo no aborda -tampoco lo ha abordado ninguna de las corrientes de izquierda que ha tocado el tema-: ¿qué pasa con las drogas que ya son legales? Por ejemplo, la grandísima mayoría del consumo de benzodiazepinas desobedece el “uso prescripto”; se realiza por fuera de una psicoterapia, a mediano y largo plazo. En términos de alienación política y social, daño orgánico y psicológico, no hay diferencia cualitativa con las drogas ilegales -incluso, se suelen combinar con alcohol con fines “recreacionales”.
Oponerse a la legalización de las drogas de consumo mayoritario es un declaracionismo moralista propio de curas, no de socialistas. Defender la legalización, con el monopolio estatal de la producción y distribución, es una reivindicación odiosa, pero imprescindible, en el camino de las masas a la felicidad, a la que Aristóteles definía como el despliegue de todas las potencialidades del ser, y que sólo podrá tener lugar en una sociedad sin clases.
[1] Ver, por ejemplo, “La diferencia conceptual entre la despenalización y la legalización“, documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
[2] Ver Hanson, History of Alcohol and Drinking around the World
Maximiliano Jozami
Publicado en Prensa Obrera Nº 1231 en su versión on line: http://po.org.ar/po1231/2012/07/19/por-la-legalizacion-y-el-monopolio-estatal-de-las-drogas/
